Debate sobre los Mercados de Carbono en Bolivia: ¿Oportunidad Económica para las Comunidades Indígenas o Amenaza Ambiental?
La reciente apertura de Bolivia a los mercados de carbono ha desatado un intenso debate en el país, con posturas enfrentadas entre aquellos que consideran esta medida como una oportunidad económica para las poblaciones indígenas y aquellos que advierten sobre sus posibles consecuencias negativas para el medio ambiente.
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de Bolivia anuló recientemente un fragmento de la Ley 300, Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para el Vivir Bien, que prohibía la mercantilización de las funciones ambientales y, por ende, formas de financiación internacional como los mercados de carbono. Esta decisión ha generado controversia. La Vicepresidencia del país, una de las impulsoras de la ley original, ha expresado su desacuerdo con el fallo, argumentando que el tribunal no consideró adecuadamente sus razones. Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha solicitado al TCP una aclaración de la sentencia.
Organizaciones ambientalistas y otros grupos han manifestado que esta sentencia contradice la Constitución de Bolivia, instando a la población a movilizarse en defensa del medio ambiente. Para estos sectores, los mercados de carbono no garantizan la preservación de los ecosistemas, y ven en la decisión una amenaza a las políticas de protección medioambiental.
Dos tipos de mercados de carbono y sus implicaciones
Existen dos tipos de mercados de carbono: el obligatorio y el voluntario. El primero es utilizado por países que deben compensar sus emisiones en cumplimiento de compromisos internacionales. El segundo es voluntario y no impone obligaciones de reducción de emisiones. Las empresas que participan en estos mercados pueden vender sus derechos de emisión si logran reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) por debajo de los límites establecidos. Sin embargo, aquellos que superan estos límites deben pagar multas o comprar bonos adicionales.
Pablo Solón, exembajador de Bolivia en la ONU y director del Observatorio Boliviano de Cambio Climático y Desarrollo, sostiene que es necesario alejarse de la «visión romántica» de que los bonos de carbono necesariamente protegen la naturaleza. Según Solón, estos mecanismos son «especulativos» y conllevan una «cadena de intermediarios muy grande», lo que genera una «falsa compensación» por parte de las grandes empresas que, en lugar de reducir sus propias emisiones de carbono, adquieren bonos en lugares lejanos a sus operaciones.
Además, Solón destaca que gran parte de los fondos generados por estos mercados termina en manos de intermediarios, dejando pocas ganancias para las organizaciones indígenas, a quienes en teoría se destina parte de estos ingresos.
Un enfoque alternativo y su potencial impacto positivo
Por otro lado, André Tejerina, abogado ambientalista, defiende que la certificación de bonos de carbono podría significar un mayor control sobre áreas protegidas, impidiendo prácticas ilegales como el extractivismo y la minería. Según Tejerina, la apertura de Bolivia a estos mercados brinda la posibilidad a las comunidades indígenas de captar ingresos, ya que muchos de los territorios nativos están dentro de áreas protegidas y podrían beneficiarse de esta actividad.
Tejerina argumenta que el objetivo de los mercados de carbono es «mantener la naturaleza en su mejor estado», involucrando a actores internacionales en el proceso de verificación. Para emitir los bonos de carbono, los promotores de certificaciones deben elaborar planes detallados que incluyen mediciones rigurosas de reducción de carbono, que son revisados y auditados externamente antes de ser aprobados para su venta. De esta forma, las comunidades locales podrían negociar acuerdos con empresas interesadas, estableciendo objetivos y plazos específicos para la compensación.
Un camino incierto en medio de cuestionamientos ambientales
La incorporación de Bolivia a los mercados de carbono se enmarca en una serie de medidas impulsadas por el Gobierno de Luis Arce, que han sido criticadas por diversos sectores ambientalistas. Entre estas medidas, se incluyen los incentivos para la producción de biocombustibles y el debate sobre la adopción de biotecnología para la expansión de la agroindustria.
En este contexto, el futuro de los mercados de carbono en Bolivia sigue siendo incierto, mientras las distintas voces continúan debatiendo sobre sus posibles beneficios y riesgos para el país y el planeta.4o
