CAF sugiere que reducir la deforestación en Bolivia es clave para su desarrollo sostenible
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Mediante su Reporte de Economía y Desarrollo (RED) “Desafíos globales, soluciones regionales: América Latina y el Caribe frente a la crisis climática y de biodiversidad”, CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe- sostiene que frenar la deforestación es uno de los principales márgenes para la mitigación del cambio climático en la región y en Bolivia, en línea con la estructura de emisiones del país. En Bolivia, los gases de efecto invernadero provienen principalmente del cambio de uso del suelo y de las prácticas agropecuarias, y en menor medida de los sistemas de energía, el transporte, la industria y las edificaciones.
El reto de detener la deforestación en el país está asociado con el de fortalecer la sostenibilidad del sector agropecuario. Esto requiere un compromiso creíble con el freno a la expansión de la frontera agropecuaria, el aumento de la productividad y uso de prácticas sostenibles en el sector, aspectos en los cuales Bolivia ha logrado avances, pero menores en comparación con el resto de América del Sur.
El informe presentado hoy en el Estado Plurinacional analiza los desafíos y las oportunidades que la acción frente al cambio climático y la protección de los ecosistemas y la biodiversidad representan para América Latina y el Caribe. Pone énfasis en tres mensajes de relevancia para todos los países de la región: la importancia de la adaptación, la necesidad de contribuir a la mitigación global y la urgencia de preservar el capital natural como factor clave en el propio proceso de desarrollo.
El fortalecimiento de la resiliencia de las economías frente a los riesgos del cambio climático, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero -en línea con lo establecido en el Acuerdo de París- y la restauración del capital natural constituyen ingredientes esenciales en la búsqueda de un nuevo modelo de desarrollo que ampare un crecimiento más inclusivo, resiliente y sostenible, describe el documento como una respuesta a la crisis climática y la pérdida acelerada de la biodiversidad.
Respecto a los impactos o efectos del cambio climático, el reporte indica que Bolivia está expuesto y es vulnerable debido a su geografía y condiciones socioeconómicas, tomando en cuenta que los eventos extremos -inundaciones en mayor medida- son más frecuentes, las olas de calor se hacen sentir cada vez más en las ciudades, sus temperaturas medias se incrementarán más que en el resto de la región, sus precipitaciones se reducen y se vuelven menos predecibles, y que sus glaciares tropicales se están derritiendo rápidamente, lo cual plantea una amenaza para el suministro de agua.
En este marco, el informe resalta la necesidad de implementar políticas de adaptación que puedan tener sinergias positivas con la inclusión social y el crecimiento económico, como prácticas de agricultura sostenible, soluciones basadas en la naturaleza, inversiones en infraestructura de adaptación, políticas para el manejo de riesgo de desastres y medidas regulatorias.
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El reporte también indica que el país también puede avanzar en la transición energética, a pesar de representarle una tensión, debido a que la producción de hidrocarburos y su exportación, principalmente de gas natural y petróleo, le representan una importante fuente de ingresos y divisas.
Asimismo, esto significa un desafío para el país porque en la oferta primaria de energía de Bolivia prevalecen los combustibles fósiles: más de tres cuartos de la energía se genera a través del gas natural (44%), el petróleo (27%) y las importaciones de derivados del petróleo (13%). A favor, la superficie de Bolivia comprende parte de la Puna, que es una de las áreas de la región con mayor potencial práctico para la generación de energía fotovoltaica. En su Contribución Nacionalmente Determinada (CDN) el país tiene como objetivo hasta el 2030, incrementar la generación eléctrica (aumentando la potencia instalada en un 58%), ampliar la partición del consumo de energías renovables (del 37% al 79%) y extender en un 10% anual la participación de vehículos eléctricos del transporte público.
El informe también resalta que Bolivia, por su dotación de minerales y energía renovable, tiene la capacidad de ser un agente clave en la transición energética a nivel global puesto que cuenta con las mayores reservas no utilizadas de litio del mundo.
Con relación a la necesidad de preservar el capital natural, en el reporte de CAF se destaca a Bolivia entre los países con mayor diversidad de ecorregiones a nivel global. Los ecosistemas son fuente de protección y adaptación al cambio climático y ayudan a reducir emisiones al absorber dióxido de carbono de la atmósfera y almacenarlo en la biomasa y en los suelos. Sin embargo, esta riqueza se está perdiendo a un ritmo acelerado.
El reporte revela que el 53 % de la superficie de Bolivia se conserva en estado natural o seminatural, porcentaje que se encuentra por encima del promedio regional (45 %) y por encima del promedio de países de América del Sur (48%). Describe que el cambio en el uso de suelo se encuentra fuertemente vinculado al sector agropecuario: el 41 % de la superficie del país se dedica al pastoreo y el 6 % a cultivos, mientras que los asentamientos humanos ocupan el 1 % del territorio.
El documento sostiene que una de las políticas más frecuentes en la región para preservar el capital natural es el establecimiento de las áreas protegidas e indica que Bolivia conserva el 23 % de su superficie terrestre como área protegida, en comparación con un promedio del 22% a nivel regional.
En línea con estas conclusiones del informe, CAF se encuentra trabajando con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua de Bolivia para mejorar la gestión y fortalecer la sostenibilidad financiera del Sistema Plurinacional de Áreas Protegidas y Ecosistemas Estratégicos (SNAP), y, en particular, de las áreas protegidas de la amazonia boliviana con el apoyo del GEF. Se estima que se mejorarán 62.000 km2 correspondientes a siete áreas protegidas, tres sitios Ramsar y los territorios indígenas de la organización Central indígena de pueblos originarios de la amazonia de Pando (CIPOAP).